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Ley de modificación de la ley 22/1988, de Costas.

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La Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, ha sido aprobada por el Congreso con las enmiendas propuestas por el grupo popular en el Senado.

La ley modifica la limitación temporal de las concesiones que fijaba la ley Costas de 1988 en 30 años y resuelve el efecto 2018; da salida a los problemas generados por la falta de regulación estatal de las urbanizaciones marítimo terrestres; permite que las autorizaciones de ocupación sean de hasta 4 años en el Dominio Público Marítimo Terrestre; y prevé un limitado sistema de prórroga del plazo concesional de los puertos que no sean de interés general.

La reforma legal introduce nuevas definiciones para dar más objetividad al deslinde del DPMT, que estará publicado en la www del Ministerio de Medio Ambiente y coordinado con el catastro para dar seguridad jurídica a los posibles compradores de bienes en primera línea de la costa.

Los propietarios afectados por la invasión del mar o de las arenas podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo terrestre ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales. Los titulares de terrenos que tras la revisión del deslinde se incorporen al dominio público marítimo terrestre pasaran a ostentar un derecho de ocupación y aprovechamiento por 75 años sin obligación de abonar canon.

La norma, entre otros temas, prevé que en las construcciones situadas en las servidumbres de tránsito puedan realizarse obras de reparación, mejora y consolidación y modernización siempre que no impliquen aumento de volumen, altura, ni superficie de las construcciones existentes y queden justificadas por una mejora de la eficiencia energética.

La norma de mayor trascendencia para los gestores de puertos deportivos y amarristas es el que hace referencia a que el plazo de la concesión será el que se determine en el título correspondiente, que en ningún caso podrá exceder de setenta y cinco años. Con esta rectificación, se regulariza la grave situación creada por la imposición de plazo máximo de las concesión en 30 años, por la ley de costas de 1988 con la consecuencia de la extinción de muchas concesiones en julio de 2018. Con la reforma, el plazo será el que se determine en el título correspondiente, no obstante, reglamentariamente, se establecerán los plazos máximos de duración de las concesiones en función de los usos a que las mismas se destinen.

Los plazos máximos fijados para cada uso podrán ampliarse, en los términos que reglamentariamente se establezcan, respetando en todo caso el plazo máximo de 75 años, cuando el concesionario presente proyectos de regeneración de playas y de lucha contra la erosión y los efectos del cambio climático, aprobados por la Administración.

La ley establece como criterio general la prórroga de las concesiones en DMPT a instancia de su titular que no podrá superar los setenta y cinco años, o menos en función de los usos. Pero esta prórroga no será de aplicación a las concesiones que amparen ocupaciones y actividades en la zona de servicio de los puertos.

Según la exposición de motivos, la Ley garantiza a través de una disposición transitoria que las concesiones que amparan la ocupación de puertos que no sean de interés general, o las que se derivan de los contratos de concesión de obra pública para la construcción de estos, puedan prorrogarse en los mismos términos y condiciones que prevé la legislación de puertos de interés general. La ley de puertos del estado prevé un plazo concesional máximo de 35 años con las prórrogas incluidas.ley de costas ibiza

No obstante existe una regulación excepcional de prórroga de la mitad del periodo inicial otorgado para situaciones de interés estratégico. Del mismo modo, la normativa estatal regula el contrato de concesión de obra pública por un plazo de 40 años, al que también podrían acogerse las regulaciones de las Comunidades Autónomas y en general el sistema de contratos del sector público. La técnica legislativa del reenvio a la normativa de puertos del estado supone que el cambio de la normativa estatal en materia de puertos de interés general también variará el régimen de la ley de costas respecto de los puertos que dependen de las comunidades autónomas.

Ciertamente, corresponderá al legislador justificar el por qué de la diferencia de plazo concesional que señala con criterio general por la ley de costas en 75 años, y la restricción a sólo 35 años de la actual ley de Puertos del Estado.

En los terrenos declarados en situación de regresión grave, la Administración del Estado podrá realizar actuaciones de protección, conservación o restauración y podrá imponer contribuciones especiales cuando resulte la obtención por personas físicas o jurídicas de un beneficio especial, aunque este no pueda fijarse en una cantidad concreta. Hay que recordar que la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988 es una normativa estatal y que habrá de encajarse en las competencias exclusivas que las Comunidades Autónomas tienen en el otorgamiento de concesiones administrativas para la gestión y explotación de puertos deportivos que no son de interés general.

La previsión de regulación vía reglamento de usos comerciales y de restauración, la prohibición las edificaciones destinadas a residencia o habitación y los criterios de asignación de superficie máxima para los usos previstos teniendo en cuenta el número de amarres del puerto puede ser objeto de recurso de inconstitucionalidad por invadir competencias de las comunidades autónomas.

 

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